EN IZABAL
Escrituras, candados rotos, hipotecas
El 28 de enero, un denunciante, quien pidió la reserva de su identidad, llegó a la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos y, días después, al Ministerio Público (MP) para denunciar que su terreno, en el kilómetro 243 de la carretera hacia Puerto Barrios, en el cruce hacia Morales, Izabal, cambió de dueño en cuestión de un día.El 26 de enero, según su relato, un grupo de hombres irrumpió en su propiedad. “Talaron aproximadamente 10 árboles”, se consigna en la denuncia 57 de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente el 4 de febrero. “Sin ninguna autorización por nuestra parte… son 7 personas las que ingresan al inmueble, están fuertemente armados y además traen consigo motosierras para talar… se encuentran chapeando en el lugar y al parecer se quieren apropiar del terreno”, denunció.
Aunque días después este denunciante retiró su demanda, porque los hombres se habían retirado, dos semanas más tarde, regresó al MP para relatar que los hombres habían vuelto, habían roto sus candados y ocupaban la finca con el argumento de que es ahora propiedad de Milton Mendoza Matta. Y, según el demandante, desde entonces su propiedad funciona de parqueo y taller de los autobuses Fuente del Norte.
EN EL POLOCHIC
Según las informaciones, se han producido más de 1,400 conflictos de tierra, cientos de ellos en Alta Verapaz, lo cual indica que se trata de un problema nacional, que no se resolverá con el uso de la fuerza, pues mientras existen grandes extensiones de tierra no cultivada y los despojos continúen, la resistencia, que también es un derecho constitucional, se extenderá del Polochic, a otras regiones del país en donde el hambre apremia y la tierra sigue acaparada en pocas manos, pero no en manos de quienes son capaces de hacerla producir granos básicos, tal el caso de quienes están sufriendo la destrucción de sus casas, su milpa, su frijol o su chile, que es lo único que tienen para ellos y sus hijos.
FOTO ENTRADA DEL RIO POLOCHIC AL LAGO DE IZABAL
Mientras esto sucede, el Gobierno ha sido incapaz de implementar el Plan de Desarrollo Rural Integral, que podría, en mínima parte, empezar a resolver la conflictividad agraria. No se le puede pedir a quienes siempre han sido engañados en las mesas de negociaciones, que se calmen, que sigan aguantando hambre, mientras descaradamente se protege a quienes no les importan los afectos desastrosos para los seres humanos, siempre y cuando puedan extender su dominio y producir para la exportación, aunque alrededor de ellos, los niños desnutridos sigan muriendo. Se puede seguir defendiendo con la fuerza de las armas, la propiedad privada y hasta la tenencia de la tierra mal habida en aras del financiamiento para la campaña electoral, pero no se podrán frenar los brotes de resistencia que surgen por la negación de los derechos más elementales y por la existencia de un Estado excluyente al servicio de las grandes transnacionales y de quienes se consideran los dueños del país.
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